La iniciativa es parte de la llamada Agenda de Seguridad del Gobierno, y tipifica actos de violencia que afecten espacios públicos o privados. Contó con un amplio respaldo de diputados, exceptuando a representantes del Frente Amplio y el Partido Comunista.
El proyecto ahora pasó al Senado, y define un listado de siete situaciones que serán consideradas como desorden público para efectos de la ley, y se establecen penas específicas para sancionar esas conductas, castigando con mayor rigor aquellas en que se amparen en organizaciones destinadas a cometer habitualmente los hechos punibles.
Lanzar objetos contundentes, destruir propiedad pública o privada, hacer barricadas para impedir el libre tránsito, dificultar la labor de personal de bomberos o personal de emergencia, o tomarse establecimientos de forma violenta, serán delitos de desorden público, lo que será sancionado con reclusión menor en su grado medio a máximo, esto es: desde 541 días a 5 años.