Según los organizadores (la Asociación Chilena de Municipalidades), en la consulta participaron poco más de 2 millones de personas entre los votos emitidos online y presenciales (incluyendo menores de edad), lo que incluso así representa menos del 14% del padrón electoral del SERVEL.
Las críticas se centraron en la legitimidad que tienen las municipalidades para organizar (con recursos públicos) una consulta donde se preguntó sobre materias que no les competen (como un eventual proceso constitucional), y también porque el sistema permitió a varias personas votar más de una vez (en forma presencial y electrónica), o usando cédulas de identidad de personas fallecidas.
Además, hubo denuncias de poca privacidad y eventual manipulación de las respuestas por parte de los facilitadores, en las mesas de las cerca de 200 municipalidades participantes.