Santiago, 16 de octubre de 2018
Estimados hermanos y amigos,
Como algunos de ustedes saben, este año he atravesado junto a mi amada esposa meses muy difíciles en el ámbito ministerial. Por prudencia (buscando no afectar a ninguno de los involucrados y principalmente por respeto a mis autoridades eclesiásticas) decidí ejercer mi derecho a guardar silencio, y no comentar públicamente las circunstancias que motivaron (9 meses atrás) mi salida de la Iglesia Cristo Rey, congregación en Las Condes en la que serví por 5 años, y dependiente (hasta hace poco) del Presbiterio de la Iglesia Presbiteriana en América de Chile, IPACH, denominación evangélica donde soy ministro ordenado.
Sin embargo, este silencio ha sido mal interpretado por algunas personas como la confirmación implícita de los rumores que circulan en relación a mi persona, donde se menciona (maliciosamente) que yo habría salido de la Iglesia Cristo Rey y bajo investigación del Presbiterio, debido a problemas de inmoralidad y aún otras aseveraciones que comprometen gravemente mi credibilidad, en calidad de pastor y siervo del Evangelio.
Debido a las graves consecuencias que esta situación ha traído en lo personal, y el dolor que causan a mi esposa, familia y amigos esta clase de rumores, por ética cristiana es que he decidido hablar públicamente (por primera y única vez) sobre el caso.
Primero que todo, decir que mi salida de la Iglesia Cristo Rey no responde a inmoralidad, como tampoco fue a causa de delitos conforme a la Ley chilena. En definitiva: no obedeció a ninguna de las razones que la Constitución de la Iglesia Presbiteriana, o su Libro de Orden, señalen como motivos suficientes para la suspensión inmediata de un pastor. La razón que motivó mi salida fue por un quiebre relacional debido a profundas diferencias de opinión en cuanto al ejercicio del ministerio con mi consistorio (los ancianos gobernantes de la iglesia local), lo que hacía insostenible mi permanencia en el cargo. En todo caso, el Presbiterio solicitó entonces que se iniciara una investigación por acusaciones de supuestos malos tratos que yo habría tenido hacia miembros de ese consistorio.
En vista de ese proceso, y a la espera de recabar más antecedentes, el Presbiterio me hizo cesar en mis funciones pastorales tanto en esa iglesia local como en cualquier otra, sin que eso significara una suspensión de mi licencia pastoral como ministro presbiteriano. Incluso se me autorizó para dictar conferencias si era invitado a hacerlo. Comprenderán que atravesamos una situación extremadamente incómoda, pues sigo siendo pastor de la IPACH pero sin poder recibir apoyo financiero para (por ejemplo) plantar una nueva iglesia.
Al día de hoy, ninguna de las acusaciones sobre supuestos malos tratos ha podido ser acreditada fehacientemente por quienes formaron parte de ese consistorio. La investigación sobre mi caso ya está cerrada. Entre otras razones, porque los mismos que entonces me acusaron, recientemente se tomaron esa iglesia local, y a instancias del auto designado “Consistorio” (que no tiene la legitimidad de la congregación), se separaron del Presbiterio en un acto de indisciplina y rebelión, lo que confirma lo extremadamente complejo que resulta trabajar con cristianos inmaduros.
He insistido al Presbiterio y su Comisión Ejecutiva por todas las vías, formales e informales, para que se me comunique con total claridad cuales son las supuestas faltas de las que he sido acusado, y que se investigaron, sin que hasta ahora yo haya podido conocerlas y mucho menos hacer mis descargos. Tampoco se me ha dicho nada sobre cuánto tiempo más debo esperar para saber en qué plazos se contempla la resolución definitiva del caso.
Lo más delicado es el silencio cómplice que ha mantenido el Presbiterio de la IPACH frente a estos rumores que me afectan profundamente durante todo este tiempo. Puesto que ya no estoy siendo investigado respecto a las supuestas acusaciones, espero que esta “sanción” se levante de manera definitiva y se informe públicamente que ya no estoy en situación de “disciplina”.
De hecho, considerando la ambigüedad de la única respuesta que he recibido (en estos nueve meses) a mis solicitudes, debo entender que no son conscientes del daño que esta incertidumbre me está provocando a mi, a mi esposa y mi familia. Eso sin mencionar que la falta de un proceso transparente, que me permitiera probar que soy inocente, afecta mi honra, daña mi credibilidad y la imagen pública de mi persona, luego de años construyendo relaciones de confianza.
Insisto en que desde el primer momento me puse a disposición de mis autoridades eclesiásticas para evitar ser tropiezo en la vida de otros y no causar daño alguno a la IPACH (Iglesia Presbiteriana en América de Chile), pero esta dilación parece un abuso. Por esta razón, estoy solicitando mediante mi abogada una reunión con los miembros de la Comisión Ejecutiva del Presbiterio, con el fin que se ponga término a esta medida disciplinaria (que a la luz del ordenamiento jurídico chileno es ilegal, injusta, ilegítima y arbitraria), y que a su vez atenta contra la Constitución de la IPACH. En virtud de mi libertad de conciencia, requiero tener certeza a la brevedad de los plazos que existen para resolver mi suspensión pastoral.
Nada puede remediar lo que nos ha tocado vivir en estos 9 meses de incertidumbre, el tiempo perdido, el dolor causado, el daño sufrido. Sólo oramos para que el Señor nos permita prontamente terminar esta prueba en victoria.
Rev. Walter Vega, V.D.M.
MINISTRO PRESBITERIANO
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