Esta semana el Congreso aprobó las modificaciones al Capítulo XV de la Constitución, cambios que permitirán la realización de un plebiscito el próximo 26 de abril de 2020. Lo que ya sabemos, finalmente, es que ese domingo, los ciudadanos mayores de 18 años podrán votar en 2 cédulas. La primera: si aprueba o rechaza redactar una nueva constitución. La segunda: decidir el mecanismo para conformar la convención que escriba, eventualmente, ese nuevo texto.
No estamos hablando de cambios dentro de la actual constitución, lo cual podrían hacer perfectamente los mismos diputados y senadores que aprobaron esta reforma, que requería obviamente quórums especiales. Lo que se aprobó es la hoja de ruta del Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución que el gobierno, oficialismo y CASI todos los partidos de oposición firmaron, con representantes de ambas cámaras, el 15 de noviembre pasado.
CASI. Del Frente Amplio sólo firmó Revolución Democrática, y (a titulo personal) el diputado Gabriel Boric (a quien poner su rúbrica en el documento le trajo tremendos costos políticos, y una acusación ante el tribunal supremo de su partido).
La mayoría de los críticos a ese acuerdo estaban precisamente en los partidos del Frente Amplio, entre ellos: Partido Humanista (que ahora renunció al conglomerado), Convergencia Social, y el Partido Igualdad, junto al Partido Progresista y el Partido Comunista, pero también un grupo que parecía, hasta hace unos meses, más moderado y de centro: Federación Regionalista Verde Social.
Lo curioso es que fueron estos mismos partidos los que asumieron posturas más radicales en la discusión que se dió esta semana en la Cámara. Les hubiera bastado con votar rechazo, pero hicieron otra cosa: pusieron condiciones al acuerdo que ellos NO firmaron, tanto en la comisión de Constitución como en la sala.
Por ejemplo: querían que el quorum de 2/3 para aprobar el texto aplicara sólo sobre los artículos en particular, y no sobre el texto en su conjunto (aunque fuera un mamarracho sin pies ni cabeza). También impulsaban la doctrina que de ganar en abril (el plebiscito de entrada) la opción Aprueba (el SI a una nueva constitución) se diera por deshauciada a la actual, aun cuando el eventual nuevo texto aprobado por la Constituyente, fuera rechazado por la ciudadanía en el plebiscito de salida.
Sin duda los puntos más polémicos tenían que ver con aspectos ausentes en el texto del acuerdo constitucional de noviembre 15, y que no fueron zanjados por la Comisión Técnica que redactó el proyecto de Ley: escaños reservados para pueblos indígenas, paridad de género en la eventual constituyente, y listas de independientes.
Aunque representantes de oposición consigueron imponer esas indicaciones en las comisiones de Constitución de ambas cámaras, en la sala el proyecto fue aprobado y despachado sin esos puntos. Hubo lágrimas, ojos en blanco hacia el cielo, vestidos razgados, lamento en polvo y ceniza… de aquellos que no participaron del acuerdo. Incluso Boric, quizás para enviar una señal y congraciarse con su electorado más radical, aseguró que renunciaba a su puesto en el Congreso si no había Ley para establecer la paridad de género y escaños reservados en la Constituyente.
Los dardos enardecidos apuntaron al rechazo que marcó la Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional y la abstención de Evópoli en la sala, partidos que SI firmaron el acuerdo, aunque el programa de Gobierno de Piñera NO contemplaba una Asamblea Constituyente, y pese a que mucha gente votó por el actual presidente no porque fuera su primera opción, sino precisamente porque él prometió que NO impulsaría una Asamblea Constituyente.
Así y todo, los partidos oficialistas aprobaron una reforma de consenso, que avanzaba en esa dirección, y buscaba calmar las turbulentas aguas que se batían en la quincena de noviembre, dejando para entonces una estela de violencia, detenidos, muertos, lesionados, desempleo y destrucción en las principales ciudades del país.
Pese a los esfuerzos, el día miércoles 18, en que se aprobó el acuerdo, hubo incidentes en las tribunas, amenazas, invasión del hemiciclo. Al terminar la votación (que aprobó la reforma al Capítulo XV), la presidente de Revolución Democrática, la diputada Catalina Pérez, en punto de prensa advertía (entre sollozos en los pasillos del Congreso): que la calle, la primera línea, debía seguir haciendo presión para que el proceso fuera de composición paritario e incluyera escaños reservados para pueblos originarios. La secundaron en el mismo tono otros representantes.
Ayer viernes 20 de diciembre, en la tarde, mientras el diputado Gabriel Boric conversaba tranquilamente con una mujer en el Parque Forestal de Santiago, un grupo de exaltados lo comenzó a increpar duramente: lo trataron de traidor, lo acusaron de vender al pueblo por firmar (a título personal) el Acuerdo de reforma aprobado.
Eso fue lo más suave que le dijeron, porque después derechamente lo agredieron. Así de violenta, agresiva, está la calle. Así funciona la calle, que su colega, la diputada Pérez, invocaba para seguir presionando. Ayer hubo incidentes, enfrentamientos con la policía, heridos graves, a pocas cuadras de esta escena, en las calles.
Me encantaría poder tener, a estas alturas, mayor esperanza sobre el proceso constituyente que Chile inició, y estar debatiendo sobre los temas propiamente constitucionales. Pero frente a esa actitud intolerante, indolente, que se expresa en las calles (y a veces salta un torniquete del Congreso) veo poco probable que el debate tenga el nivel de respeto que se requiere, sobre todo de parte de esas minorías en las calles que no ganan en las urnas, pero se creen con el derecho de atacar a los que no piensan como ellos.
Algunos dicen incluso que quizás, bajo estas condiciones, no se pueda realizar el plebiscito de abril 2020. ¿Se imaginan a estas mismas barras bravas peleando los votos en las mesas electorales? ¿Enfrentándose a carabineros afuera de los locales de votación? ¿Secuestrando quizás las urnas?
Pero aun si gana la opción SI (Aprueba) en el plebiscito ¿qué garantiza la tranquilidad que los constituyentes para votar sin ser funados, sin ser amenazados ellos o sus familias? ¿Será posible completar, con este grado de prepotencia, un nuevo texto en menos de 1 año?
¿Y qué pasará si en el plebiscito de salida, pese a todo el esfuerzo y recursos invertidos, la gente rechaza el nuevo texto fundamental, porque no les gusta, y prefiere la actual constitución? ¿Qué nos asegura que entonces, finalmente, terminarán las protestas violentas en las calles, si esos grupos radicales impugnan el resultado?
Puede que ninguna de estas cosas suceda, y todo esto sea para mejor, pero el riesgo es muy alto. “Los que siembran vientos cosechan tempestades”, advertía el profeta Oseas en el Antiguo Pacto. Obviamente que en Chile hay temas institucionales muy injustos que han generado violencia, y por años la clase política evadió hacerse cargo de ellos. Pero una nueva Constitución no los va a resolver, porque gran parte de ellos no tiene que ver con modificar esa norma fundamental.
Como medio de comunicación este tema no puede sernos indiferentes, y queremos dejar en claro cual será nuestra postura. Nos sumamos a las voces que reconocen: En lo esencial, la Constitución chilena respeta los fundamentos de la cosmovisión cristiana bíblica, aunque se puede perfeccionar por la vía institucional, y por lo tanto no es necesario una nueva.
En el equipo editorial de Cosmovisión, de forma unánime, creemos que (por los riesgos que entraña este proceso) la mejor opción para Chile es Rechazar una nueva constitución en abril de 2020, y hacer cambios legales e institucionales en otras áreas de vital importancia para la población. Esto significa:
Primero, transparentar cual es nuestra línea editorial, cosa que no hacen la mayoría de los periodistas y medios masivos, para luego vendernos su opinión manipulando la información. Si alguien se espanta o encuentra que nuestra decidión es un error, puede dejar de seguirnos.
Segundo, daremos amplia tribuna y cobertura a las voces que desde el mundo evangélico, académico, activistas y representantes de los partidos políticos expresen esa misma convicción, sin dejar de mostrar con imparcialidad y respeto la postura que tengan aquellos que promuevan la opción contraria.
Tercero, nuestra postura editorial no significa, por ningún motivo, que sea representativa de la totalidad del mundo evangélico, ni que obliguemos a nuestros colaboradores a tomar la misma posición. Creemos de verdad en la democracia, y si gana la opción Aprueba, trabajaremos con el mismo espíritu en influir con la fuerza de la historia y la doctrina cristiana para que la Constitución sea iluminada por las verdades fundamentales de nuestra fe.