Ya es oficial. Al último informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (INCB, organismo de las Naciones Unidas) que reconoció por primera vez la existencia del Cartel de los Soles (con vínculos en el régimen venezolano), se suma la declaración del Departamento de Estado y la Administración para el Control de Estupefacientes (la DEA, de Estados Unidos) que hoy inició cargos contra los cabecillas de esta asociación ilícita.
El gobernante de facto venezolano, Nicolás Maduro, y otros 14 funcionarios venezolanos actuales y anteriores son acusados de narcotráfico, corrupción y otros cargos criminales.
Por este motivo, se emitió una orden de captura internacional y se ofreció una recompensa para quien colabore en la detención de Maduro (cuya cabeza está avaluada en US$15 millones) y de los otros integrantes del Cartel de los Soles venezolano (US$10 millones por cada uno).
Según informó hoy el Fiscal General de Estados Unidos, William Barr, entre los integrantes de esta asociación ilícita se encuentran: el presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello; el ilegítimo presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno; el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López; Tarek El Aissami; el militar retirado y presunto disidente del chavismo, Cliver Alcalá Cordones, entre otros.
El gobierno bolivariano de Venezuela se habría asociado con las FARC para usar la cocaína como arma e «inundar» a los Estados Unidos.
«El régimen venezolano, una vez dirigido por Nicolás Maduro Moros, sigue plagado de criminalidad y corrupción», dijo hoy en la mañana el Fiscal General de Estados Unidos, William Barr. “Durante más de 20 años, Maduro y varios colegas de alto rango supuestamente conspiraron con las FARC, causando la entrada de toneladas de cocaína y devastando las comunidades estadounidenses. El anuncio de hoy se centra en erradicar la extensa corrupción dentro del gobierno venezolano, un sistema construido y controlado para enriquecer a aquellos en los niveles más altos del gobierno. Estados Unidos no permitirá que estos funcionarios venezolanos corruptos utilicen el sistema bancario estadounidense para trasladar sus ganancias ilícitas desde Sudamérica ni promover sus esquemas criminales», según consigna el sitio oficial de la DEA.