En un documento, firmado por la Fundación Helmut Frenz, el ministerio Misión Migrante y el Servicio Evangélico Migrante, advierten que, desde su experiencia práctica trabajando con inmigrantes que llegan Chile, «Una política migratoria carente de un enfoque de derechos humanos conlleva dramáticas consecuencias para personas y familias, derivando en un enfoque utilitarista del ser humano».
Esta declaración fue divulgada pocos días después del anuncio del Presidente de la República, Sebastián Piñera, de un nuevo proyecto de Reforma a le Ley Migratoria, y una serie de medidas inmediatas para regularizar a los migrantes que actualmente se encuentran en suelo nacional pero que no tienen los permisos legales para establecerse como trabajadores o estudiantes.
El sábado 5 de mayo, a las 11:00 am, estas mismas 3 organizaciones realizaron un foro en auditorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago, donde participaron más de 120 personas, y donde el único medio de comunicación presente fue Cosmovisión.
En la ocasión, estuvo presente el diputado por el Distrito 8 (que comprende Estación Central) Pablo Vidal (RD), el ingeniero industrial, y estudiante haitiano de postgrado en IDEA – USACH, Marckenson Jean Baptiste, la socióloga y coordinadora de la cátedra Racismo y Migraciones Contemporáneas de la U. de Chile, María Emilia Tijuox, y la abogada e investigadora del Centro de Derechos Humanos de la U. de Chile, Liliana Galdamez.
La opinión mayoritaria de los panelistas fue crítica a la propuesta de regularización migratoria de Piñera, incluso llamando a bajarla en Contraloría y hacer una Acusación Constitucional de ser necesario, así como también contra la propuesta de Visas diferenciadas (tanto por fin como por nacionalidad) que están presentes en el proyecto enviado al Congreso.
El diputado Vidal de RD fue aun más categórico al señalar que los problemas que últimamente presentan las 10 comunas con mayor concentración de inmigrantes reflejan un racismo subyacente de la sociedad chilena, y que requiere de la intervención de más Estado, para garantizar mejores condiciones de vida (servicios básicos, atención primaria, calidad del trabajo) a los chilenos como a los extranjeros.
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